IWA World Water Congress & Exhibition, problemas y soluciones relativas al uso del agua.

El 21 de septiembre del presente año concluyó la IWA (International Water Association) World Water Congress & Exhibition, en la ciudad de Tokio, Japón. El congreso reunió cerca de 10.000 líderes en el sector del agua, de 98 países del mundo, y diversos sectores, incluyendo la academia, empresas privadas, gobiernos, servicios de agua potable y saneamiento, y organizaciones internacionales. En esta 11ava edición y durante 4 días, el congreso desarrolló diferentes sesiones técnicas, workshops, y foros de liderazgo, con el objetivo de debatir sobre los problemas más relevantes y urgentes en el sector del agua.

Este año, la conferencia tuvo como eje central los conceptos de economía digital, mega ciudades, difusión e innovación, resiliencia a los desastres y sustentabilidad. No debemos olvidar, que al igual que Chile, Japón se ve enfrentado constantemente a diversos desastres naturales como terremotos, tsunamis, inundaciones y erupciones volcánicas, lo que le ha obligado a hacer frente a estas catástrofes y mejorar los planes de acción e infraestructura para futuros eventos.

Las tres preguntas fundamentales que se desarrollaron a lo largo del congreso fueron las siguientes:

1.- Resiliencia climática: ¿Cómo el sector del agua (profesional) puede mejorar la resiliencia al cambio climático?

2.- Ciudades saludables y sostenibles: ¿Cómo puede el agua ser utilizada en la planificación de las ciudades para mejorar la habitabilidad y sustentabilidad de cara al crecimiento de la población?

3.- Transformación digital en el sector del agua: ¿Cómo aprovechamos la digitalización (y toda la información proporcionada por los datos) como un elemento esencial para continuamente mejorar la forma en que hacemos negocios?

Cómo elemento esencial para poder responder cada una de estas preguntas, se consideraron los 17 objetivos y metas de desarrollo sostenible para el año 2030, plasmados el año 2015 en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En concreto, el objetivo número 6, es “garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible  y saneamiento para todos” https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/

Durante el seminario, se destacó que la SDG6 está directa o indirectamente relacionada con gran parte de los otros objetivos, lo que debe tenerse presente para poder avanzar de forma conjunta en el cumplimiento de cada uno de ellos.  En este sentido, es importante entender la relación y desafíos que existen en poner fin a la pobreza (SDG1); poner fin al hambre, logrando la seguridad alimentaria, promoviendo además una agricultura sostenible (SDG2) con las metas planteadas para la SDG6.

Asimismo, cuando pensamos en el agua y el uso que se le da en distintas partes del mundo, particularmente en Chile, necesariamente debemos vincularlo con el objetivo de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos (SDG7), así como los usos económicos que le demos al agua (SDG8,9); y no olvidar las complejidades e interacciones del ciclo del agua con otros recursos y ecosistemas (marinos y terrestres SDG 14 y 15) y el rol que jugará ésta en el desarrollo de ciudades y sociedades sustentables (SDG11). La sinergia y la coordinación para poder alcanzar todos los objetivos y metas propuestas será fundamental en estos 8 años.

Claudia Sadoff, Directora General del “International Water Management Institute”, Colombo, Sri Lanka, destacó las dificultades que existen para posicionar al agua como elemento fundamental en la discusión del cambio climático (SDG 13). Indicó, que éste será el recurso más afectado por el cambio climático, que además tiene un rol fundamental en el cumplimiento de las demás metas de desarrollo sostenible para el año 2030, y que no estamos en el camino correcto para el cumplimiento de la SDG6. Agregó que si fallamos en su cumplimiento, tendremos un desafío aún más grande para lograr cumplir los demás objetivos, y en este sentido, metas ambiciosas requieren también soluciones ambiciosas que deberán incluir, por un lado, soluciones técnicas y de ingeniería, y por otro, soluciones institucionales y de gobernanza. Se requerirá cooperación, equidad, gobernanza, financiamiento, información, y capacidad profesional para llevarlas a cabo.

Finalmente, como parte del seminario se llevó a cabo el foro de jóvenes profesionales en el sector del agua (menores de 35 años), en el cual tuve la oportunidad de participar. En éste, se reunieron jóvenes de todas partes del mundo y profesionales seniors que dirigieron cada una de las discusiones. El objetivo era identificar cuáles eran los problemas vinculados al agua, más relevantes y más preocupantes a la fecha, y en qué posición deseábamos encontrarnos al año 2050.

Las respuestas destacaron las dificultades de alcanzar el desarrollo sostenible; las complejidades que está presentando la infraestructura del agua, principalmente el envejecimiento y deterioro de la infraestructura ya existente; la gobernanza del agua y las falencias en la institucionalidad; y finalmente el cambio climático y cómo está afectando la disponibilidad y variabilidad de los recursos hídricos.

Ciertamente los desafíos para adaptarnos al cambio climático y hacer frente al crecimiento de la población con recursos limitados y conservar al mismo tiempo nuestros recursos hídricos son grandes, pero instancias cómo éstas nos permiten tener una visión más holística del problema, y avanzar a soluciones conjuntas. Las experiencias de otros países en temas de políticas públicas, los casos de estudios, y los avances tecnológicos que fueron presentados a lo largo del congreso, son un gran aporte para encontrar las soluciones a los problemas planteados. Asimismo, la posibilidad de abordarlos desde una perspectiva multidisciplinaria en la que profesionales con diferentes carreras y experiencias aportan a la discusión, es muy enriquecedor.

Para mayor información sobre el seminario http://worldwatercongress.org/

Pía Weber, Advisor en Alster Legal    

Diario Financiero publica Encuesta de Tecnología y Administración de Gerencias Legales 2017 realizada por Alster Legal

Aguas transfronterizas y adaptación al cambio climático: el caso de Chile y Argentina.

El cambio climático, está amenazando seriamente nuestros recursos hídricos, hecho que presenta interesantes desafíos para los marcos regulatorios que buscan asegurar la sustentabilidad en el uso de éstos recursos y procuran incorporar medidas de adaptación a las devastadoras consecuencias que el cambio climático está teniendo en ellos. En este contexto, los cursos de agua que son compartidos con otros países, presentan desafíos aún más complejos, ya que es necesario encontrar mecanismos para lograr reconciliar dos o más regímenes jurídicos y mecanismos de gobernanzas diferentes.

La situación de Chile y Argentina es particularmente interesante, ya que ambos países comparten más de 4.500 km de frontera, a lo largo de los cuales existen cuarenta cuencas hidrológicas transfronterizas.

Ambos países tienen una larga historia de conflictos limítrofes, varios de ellos, asociados a los valiosos recursos hídricos distribuidos a lo largo del territorio que compartimos. Asimismo, se han desarrollado grandes esfuerzos por superar estas diferencias y caminar hacia la cooperación. Es así como en 1971, Chile y Argentina firmaron el Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas, que tenía por objetivo establecer las bases para una futura convención que regulara la utilización de los recursos hídricos de las cuencas chileno-argentinas. El acta reconoce los principios que gobernarán el uso de las aguas compartidas incluyéndose entre ellos; la utilización equitativa y razonable de las aguas fluviales y lacustres, evitar cualquier forma de contaminación y la obligación de no causar un perjuicio sensible a la otra parte.

Veinte años más tarde, y  en el contexto de la preocupación de ambos países por el severo y persistente deterioro del medio ambiente en el mundo, Chile y Argentina firman el Tratado de Medio Ambiente y el Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos.  Son estos dos tratados los que nos proporcionarán el marco institucional para el manejo de los recursos hídricos compartidos y su implementación permitirá determinar si es posible, en este marco, desarrollar medidas para la adaptación al cambio climático en las cuencas compartidas.

El Tratado de Medio Ambiente establece un marco institucional en su artículo IV, en el que los dos estados acuerdan constituir, en el contexto de la Comisión Binacional Chileno-Argentina, una Subcomisión de Medio Ambiente para promover, coordinar y efectuar el seguimiento de la ejecución del presente tratado y de sus protocolos específicos adicionales.  El Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos, por su parte, crea el Grupo de Trabajo, en el marco de la Subcomisión de Medio Ambiente con el objetivo de  determinar y priorizar los recursos hídricos compartidos y elaborar los planes generales de utilización, que serán los instrumentos de gestión que establecerán cómo ambos países buscarán manejar y utilizar los recursos en cada una de las cuencas compartidas.

Sin embargo, a pesar que se han realizado avances en el levantamiento de información sobre el estado de las cuencas compartidas y se han resuelto algunas dudas sobre proyectos que puedan afectar los recursos hídricos de la contra parte, a la fecha no se ha elaborado ningún plan general de utilización y tampoco es claro el estado en que se encuentran cada una de las cuarenta cuencas que existen.

takeaway. Si bien el análisis para determinar las fortalezas y debilidades del marco jurídico-institucional creado, o lograr entender porqué no se han generado mayores avances en el desarrollo de estos planes generales de utilización es un proceso complejo y ciertamente de más extenso análisis, podemos indicar lo siguiente:

1.- Es un gran avance que Chile y Argentina cuenten con un marco jurídico-institucional que establezca las bases para la regulación de los cursos de aguas binacionales, muchos países aún luchan por establecer al menos un acuerdo marco que les permita continuar avanzando en el trabajo de cooperación.

2.- Si bien el marco jurídico-institucional no se refiere expresamente al cambio climático, esto no obsta a que la institucionalidad creada y los instrumentos regulados en dicho marco,  permitan desarrollar medidas destinadas a adaptarse a los impactos que el cambio climático tendrá en los recursos de agua transfronterizos.

3.-La posibilidad de mejorar la implementación del tratado y su protocolo, y en particular, comenzar a trabajar en medidas de adaptación al cambio climático, se vinculan directamente con la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Para ello, creo que es necesario establecer grupos de trabajo permanentes, fortalecer las herramientas de control y fiscalización para el trabajo que se está realizando en esta materia, determinar quiénes serán los miembros de dichos grupos, considerando la participación ciudadana, y establecer sus funciones y atribuciones en forma clara. Finalmente, determinar la forma cómo que se financiarán estas medidas será clave para su planificación y desarrollo.

Pía Weber, Advisor en Alster Legal

     

GC Powerlist Chile 2018

 

Por segundo año consecutivo el equipo de estudios de la publicación inglesa The Legal 500, realizó una investigación sobre el mercado legal chileno a fin de identificar a los 100 asesores jurídicos internos de empresas más influyentes e innovadores del país.

En esta oportunidad, y a diferencia del estudio realizado en 2017, se incorporó al estudio a equipos legales completos y no solo a sus gerentes legales. En cuanto al tipo de empresas evaluadas, esta vez no sólo incluye empresas privadas sino también entidades estatales y organismos autónomos, siendo las multinacionales las que tienen mayor representación.

El estudio logró identificar a los asesores jurídicos internos más influyentes e innovadores, claves a la hora de formar opinión dentro de su empresa, teniéndose en consideración también su habilidad para desarrollar soluciones técnicas e innovadoras frente a problemas complejos, la aplicación de su experiencia para impactar positivamente los ingresos de las compañías, y el liderazgo para reunir a profesionales de distinta experiencia a fin de desarrollar resultados más innovadores, entre otros.

En el caso de Chile se evaluó también la capacidad de reacción y acomodo de las gerencias frente a una economía deprimida, en este sentido, según se señala, las gerencias legales demostraron una notable capacidad de recuperación y eficiencia en su trabajo.

El informe destaca, que las reformas laboral y tributaria también pusieron a prueba a los equipos legales, por cuanto han tenido que adecuarse los requerimientos de la nueva legislación, siendo fundamental su experiencia en asuntos relacionados con el derecho y la estrategia corporativa.

Señala también que tener un rol esencial en los desafíos de crecimiento de su empresa, es una característica transversal entre departamentos legales observados.

El listado de firmas clasificados por área de negocio, que incluye a los equipos legales de empresas que están marcando tendencia en Chile, fue publicada en el Diario Financiero de fecha 30 de Agosto de 2018.

Para leer más sobre este informe https://bit.ly/2C3arzc

Jimena Altuzarra | Coodinadora de Comunicaciones Alster Legal

¿Podrá la tecnología legal reemplazar a los abogados?

La tecnología se está introduciendo con cada vez más fuerza en estudios de abogados y departamentos legales, lo que ha hecho que muchos abogados se cuestionen cómo abordar esta tendencia y se pregunten si serán reemplazados por estas.

Altman Weil´s 2018 law Firms in Transition Survey, señala que en el 69% de los estudios de abogados los socios se resisten a la mayoría de los esfuerzos de cambio y solo el 38% de las firmas de abogados participan activamente probando métodos innovadores.

Dicha aprehensión se funda a nuestro juicio, en que, independientemente de que algunos de ellos utilizan tecnología de punta en su vida diaria, han visto que en sus oficinas ésta ha sido relegada a funciones administrativas internas, como cálculo de tiempo invertido y facturación, y no como un elemento clave en la prestación de servicios legales y operacionales, desconociendo por completo cuáles son las reales ventajas que les puede reportar su adecuado uso.

En los últimos años, Corporate Legal Operations Consortium (CLOC) y ACC Legal Operations, han posicionado el rol de la tecnología avanzada como una de las doce competencias multidisciplinarias que optimizan la entrega de servicios legales.

¿Cuáles son las ventajas de incorporar tecnología? A grandes rasgos, en el caso de trabajos más bien rutinarios y repetitivos, como algunos contratos o cláusulas tipo; así como en otros menos rutinarios, que incluyen investigación legal, extracción de documentos y predicción de resultados de casos; la tecnología facilita el crecimiento y la productividad del departamento legal al aumentar la precisión, eficiencia y rapidez de la entrega legal, logrando en consecuencia bajar costos operacionales y transformando los resultados en cumplimiento corporativo y diligencia.

Asimismo, debemos tener en cuenta que en la actualidad nos enfrentamos a clientes cada vez más sofisticados en cuanto a la adopción de tecnología, que valoran sobremanera la eficiencia y rapidez en la prestación del servicio legal, y para los cuales este es un tema importante a la hora de elegir a su futuro asesor legal. Así lo indica el informe de Deloitte “Tendencias a futuro para los servicios legales”, 52% de las empresas encuestadas respondió que estaban considerando contratar servicios legales a bufetes no tradicionales, y agrega que los clientes quieren disponer de mejores tecnologías y que éstas sean más relevantes para su negocio, para ser usadas y compartidas en plataformas integradas.

Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios, no creemos que la tecnología reemplazará a los abogados, todavía gran parte del trabajo legal no puede ser ejecutado por ésta, así lo señaló este año McKinsey Global Institute: el 23% del trabajo de un abogado puede automatizarse, sin embargo, solo el 5% de dichos trabajos puede automatizarse por completo.

Eso sí, creemos que los abogados que usan tecnología reemplazarán a los que no lo hacen. Abogados y tecnología deben complementarse aprovechando lo mejor de ambos mundos, capacidades humanas y tecnología en beneficio del cliente y de los propios abogados disminuyendo tiempo destinado y aumentando la rentabilidad del trabajo.

De este modo, estudios de abogados y departamentos legales deben adoptar la tecnología legal adecuada valorando su potencial y, paralelamente, construir una cultura legal que refuerce el valor del trabajo personal del abogado, el que ejercerá su juicio profesional independiente, pensamiento crítico, criterio jurídico, creatividad y experiencia; características que lo hacen irremplazable.

En suma, la tecnología permitirá que aquellos que la adopten hagan aquello para lo cual están capacitados y esa tecnología no puede replicar, de una manera más eficaz y eficiente, proporcionando servicios legales mejores y a menor costo, obteniendo también una ventaja competitiva respecto de los abogados que se han quedado atrás.

Jimena Altuzarra | Coordinadora de Comunicaciones Alster legal

¿Qué debe saber un emprendedor en materia laboral al formar su equipo?

Las empresas en sus inicios frecuentemente se centran en el crecimiento comercial descuidando otras áreas y actuando muchas veces con desconocimiento y de forma intuitiva. Esto ocurre con las normas que rigen las relaciones laborales lo que implica correr grandes riesgos que pueden poner en peligro el proyecto de negocio. Para evitar tales peligros, a continuación, exponemos una breve guía práctica de preguntas y respuestas sobre las principales dudas que surgen a los emprendedores en el ámbito laboral.

¿Qué es el contrato a honorarios? 

El contrato a honorarios es un pacto celebrado entre una persona natural o jurídica con una persona que ejerce una profesión liberal, o cualquier otra actividad en forma independiente, con fines de lucro, por poseer los conocimientos de una ciencia, arte o técnica. Se caracteriza porque el profesional o técnico desarrolla su actividad en forma absolutamente independiente; presta sus servicios a título de asesoría, consulta por un trabajo, obra, estudio o función determinada; no recibe órdenes ni instrucciones con motivo de su trabajo; no está obligado al cumplimiento de un horario fijo de trabajo; y sus servicios no requieren dedicación exclusiva.

¿Qué es el contrato de trabajo?

El contrato de trabajo, por el contrario, es un acuerdo en virtud del cual el empleador contrata los servicios de un trabajador y ambos se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador, y este último, a pagar por estos servicios una remuneración determinada.

¿Cómo se diferencia el contrato a honorarios del contrato de trabajo?

La diferencia fundamental es que en el contrato de trabajo existe una vinculación de subordinación y dependencia del trabajador al empleador, que no se da en el contrato a honorarios.

En la práctica, el vínculo de subordinación o dependencia se manifiesta en aspectos tales como la continuidad o permanencia de los servicios prestados en el lugar de las faenas, cumplimiento de horario de trabajo y control de asistencia, supervigilancia en el desempeño de las funciones, dar cuenta de la labor realizada, la obligación de ceñirse a las instrucciones del empleador y de mantenerse a disposición de éste, la continuidad en la prestación de los servicios, la exclusividad de los servicios,  y el uso de distintivos, materiales o instalaciones propios de la empresa, entre los más relevantes.

¿Qué consecuencias acarrea el contratar a una persona a través de un contrato a honorarios cuando se dan los requisitos de una relación laboral?

Los mayores riesgos están asociados a la responsabilidad que le quepa al empleador en un eventual accidente del trabajo o enfermedad profesional, con demandas por altas sumas de dinero, así como la imposibilidad de poner término válidamente a la relación laboral por encontrarse impagas las cotizaciones previsionales del trabajador. Esto último se conoce como la Ley Bustos, e implica que la relación laboral sigue vigente, siendo obligado el empleador a seguir pagando la remuneración del trabajador luego del despido, hasta que no realice el pago completo de las cotizaciones previsionales impagas.

¿Qué es lo primero que debo hacer luego de seleccionar a un nuevo trabajador?

Escriturar el contrato de trabajo en los siguientes plazos:

  • Contrato de trabajo indefinido → 15 días corridos
  • Contrato de trabajo a plazo inferior de 30 días, o por obra o faena → 5 días corridos

Si el contrato no se escritura la sanción para el empleador  es una multa de 1 a 5 UTM. Asimismo, la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del contrato las que declare el trabajador.

¿Cuándo el contrato a plazo fijo pasa a ser indefinido?

a) Cuando el trabajador sigue prestando servicios una vez expirado el contrato de trabajo con conocimiento del empleador.

b) Luego de la segunda renovación del contrato a plazo fijo, ya que la ley sólo permite su renovación por una sola vez.

c) Cuando el trabajador hubiere prestado servicios discontinuos (con término de relación laboral y vuelto a contratar) en virtud de más de 2 contratos a plazo fijo, durante 12 meses o más, dentro de un período de 15 meses.

¿Qué otras obligaciones debe cumplir una empresa que cuenta con personal dependiente?

-Reglamento Interno: Si tiene entre 1 y 9 trabajadores debe contar con un reglamento de Higiene y Seguridad. Si tiene 10 o más trabajadores, deberá contar con un reglamento interno de orden higiene y seguridad.

-Informar a todos los trabajadores de los riesgos inherentes a las labores que realizan en la empresa, sus eventuales consecuencias y los métodos de trabajo seguro, en lo que se conoce como el Derecho a Saber (DAS) u Obligación de Informar (ODI).

-Si cuenta con 15 o más trabajadores, constituir el Comité Bipartito de Capacitación.

-Si cuenta con 25 o más trabajadores, constituir el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa.

-Consecuencias de no dar cumplimiento a estas obligaciones: Multas de entre 1 y 60 UTM y, en ciertos casos, agravamiento de la responsabilidad del empleador en accidentes del trabajo, pudiendo llegar a ser considerado responsable del accidente laboral sufrido por el trabajador, lo que implica eventuales demandas pudiendo llegar a altas sumas de dinero.

Estos son solo algunos consejos para el buen inicio de una relación laboral, sin embargo, el camino es largo y las contingencias del día a día innumerables, por esta razón, contar con una buena asesoría en estos temas es fundamental.

Tamara Burgos | Advisor Alster Legal

 

Demora en el desarrollo de proyectos de energía. ¿Es el SEIA el culpable?

Gran preocupación existe en el Gobierno de Chile por el estancamiento en la tramitación de proyectos de energía, razón por la cual, éste ha tomado diversas medidas con el objeto de agilizarlos.

Los mecanismos propuestos son variados, entre ellos, la instauración por parte del Ministerio de Energía del plan “+ Energía”  que pretende destrabar al menos 20 proyectos que actualmente se encuentran en proceso y paralizados; la reducción en un 25% el tiempo de tramitación de éstos en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); la creación de oficinas de gestión de proyectos sustentables, que en teoría terminarían con la burocratización excesiva; y la reforma del SEIA por medio de, la instauración de participación ciudadana temprana, la eliminación del comité de ministros y la creación de las macrozonas.

Como es posible advertir, la mayoría de estas medidas están centradas en el SEIA, sin embargo, ¿Son efectivamente estas las únicas causas? ¿Es el SEIA el responsable de que hoy en día haya que tener mucha paciencia para desarrollar un proyecto?

Actualmente, para una gran cantidad de proyectos de energía, la evaluación hecha por el SEIA es el principal proceso de tramitación. En esta evaluación se analizan todas las variables que puede tener un proyecto, mucho más allá del ámbito ambiental. Asimismo, todos los permisos y autorizaciones necesarias para operar el mismo, se obtienen de este proceso.

La pregunta en consecuencia es, ¿la evaluación ambiental debe hacerse cargo de todo el proceso de desarrollo de un proyecto, revisando asuntos que a veces poco tienen que ver con el medioambiente propiamente tal, y que la mayoría de las veces requieren de un análisis más técnico, o todo lo contrario, solo una constatación de cumplimiento de requisitos? ¿No será necesario tal vez facilitarle el trabajo al SEIA haciéndose cargo de regular la problemática de fondo, por medio de la mejora del marco normativo de los permisos sectoriales en particular (desregulándolos o regulándolos según sea necesario), y permitiendo independizar del SEIA algunos de estos permisos?

A modo de ejemplo, es sorprendente que a pesar del crecimiento exponencial que está teniendo el desarrollo de proyectos de energía, aún no tenemos una planificación u ordenamiento territorial energético, que permita saber a priori en qué zonas es posible desarrollar ciertos tipos de proyectos y en cuales no.

Los actuales instrumentos de ordenamiento territorial se encuentran divididos en numerosas leyes, ordenanzas, ordinarios, dictámenes, planes reguladores etc, que además en muchos casos son distintos para cada región del país, no existiendo una unidad o coherencia entre ellos.

Esta diversidad de herramientas de ordenamiento territorial lleva a contradicciones, conflictos de competencia por el territorio, y mal uso de instrumentos, lo que genera discrecionalidad en las decisiones y falta de seguridad jurídica en los distintos actores, y asimismo, complejizan la protección del medio ambiente, y al mismo tiempo el correcto desarrollo de proyectos de energía.

Agrava el problema el hecho de que la mayoría de la legislación e instrumentos de organización territorial están principalmente destinados a la regulación de territorio urbano, siendo que casi la totalidad de los proyectos de energía renovable son construidos en suelos rurales.

Otro dolor de cabeza para el desarrollo de proyectos, es la excesiva discrecionalidad administrativa que actualmente tienen principalmente los órganos descentralizados, la que genera una gran incertidumbre normativa. Los criterios de evaluación son modificados frecuentemente, por lo que ya no es suficiente conocer las leyes y reglamentos que regulan las distintas variables que hay que tener en cuenta para el desarrollo de un proyecto, si no que hoy en día además hay que conocer un sinfín de circulares y oficios (no publicados y que en teoría solo son vinculantes para la administración) dictados por los respectivos órganos con el fin de interpretar leyes y reglamentos, pero que en general, y erróneamente, crean nuevas normas que generan cargas para los particulares, siendo esta potestad completamente contraria al principio de reserva legal.

Estos dos temas son un ejemplo de como, las normas poco claras y precisas, que admiten diversas interpretaciones y las lagunas normativas, llevan a cometer errores o discrecionalidades por parte de la autoridad a la hora de evaluar un proyecto.

La Ministra de Energía ha señalado que para destrabar los proyectos, además de la agilización del estado, es necesario que los privados “diseñen mejor los proyectos”. ¿Pero es posible diseñar adecuadamente un proyecto con una normativa tan cambiante y con tantas lagunas?  Lo que se planifique adecuadamente hoy, en dos años puede ser considerado inadecuado, un área puede ser apta para instalar proyectos hoy pero mañana no, y así sucesivamente.

En síntesis, tal vez sea necesario dejar de cargarle tanto la mano al SEIA, y hacerse cargo de los problemas de fondo que están causando que éste no pueda ser lo eficiente y ágil que se le exige.

Teresita Vial | Advisor en Alster Legal

tvial@alsterlegal.com

 

¿Cómo agrega valor un abogado en procesos estandarizados de financiamiento?

La estandarización de documentos legales ha surgido como una forma de ayudar a la industria con la generación de eficiencia en la cadena de producción de servicios legales, mejorando los índices de calidad, evitando reprocesos y reduciendo costos.

En el caso del proceso de financiamiento e inversión de un emprendimiento o proyecto de negocio, consiste en la creación de documentos que contengan términos y buenas prácticas contractuales que puedan ser utilizados tanto por emprendedores como por fondos de inversión permitiendo dar mayor celeridad a la inversión y contribuir al éxito del proceso.

La aplicación más directa de la estandarización radica en trabajos repetitivos y con bajas tasas de adaptación, con patrones claros que permiten anticiparse y asumir que lo escrito en un documento será también aplicable en otros documentos futuros en situaciones similares, en este caso por ejemplo, un termsheet o instrumentos de inversión como el SaFe (Simple Agreement for Future Equity) o Kiss (Keep It Simple Securities).

Pero en este proceso de financiamiento e inversión, la labor del abogado como asesor legal tanto del emprendedor como del fondo de inversión sigue siendo fundamental. Con objeto de determinar cuál es el valor que debe agregar un abogado a este proceso, le preguntamos a algunos de nuestros clientes sobre su experiencia en procesos de financiamiento.

¿Qué opinas de la estandarización y automatización de documentos como oportunidad de ahorro y eficiencia en los procesos de financimiento o inversión?

“La sostenibilidad de los servicios de calidad al cliente, solo es posible a través de la estandarización. Los clientes esperan recibir la misma calidad todos los días, sin importar qué situación o qué tan grande sea el problema. Para nosotros en GaneshaLab, al proporcionar servicios similares a través de nuestro programa de aceleración simultáneamente a grupos de diferentes startups, la estandarización también es fundamental para poder mostrar consistencia con nuestros clientes. Finalmente, la estandarización y la automatización es eficiencia, es tiempo y, por lo tanto, dinero.” Markus Schreyer, CEO y Founder de GaneshaLab

“Creo firmemente que los procesos actuales y los requisitos de documentación en el proceso de inversión son increíblemente ineficientes. Estas ineficiencias distraen y son una carga para el objetivo final durante el proceso. Hay un enorme margen de mejora en esta área.” Gregory Willis, CEO de Stratagemmasys

¿Cómo Alster Legal te ha apoyado y agregado valor en los procesos de negociación con inversionistas?

“Para nosotros, como proveedores de servicios de calidad para startups y emprendedores, es importante trabajar con socios que apliquen los mismos estándares de calidad. Lo mismo para nuestra relación con los inversores que queremos como socios de confianza para nuestros clientes. Alster, como un participante activo en la industria del emprendimiento en Chile, ha desarrollado una sólida comprensión de ambos lados, las necesidades y expectativas de los empresarios, así como las de los inversores. Este entendimiento nos permite un proceso eficiente sin malentendidos y ejecución enfocada, fundamental para lograr objetivos comunes y apoyar la construcción de una imagen de servicios de calidad”. Markus Schreyer, GaneshaLab.

“Alster nos ha permitido acceder a servicios de consultoría legal de primer nivel, con expertos en las materias específicas que una startup tecnológica necesita cuando se encuentra realizando rondas de financiamiento y efectuando su expansión internacional.” Rodrigo Farcas, Co-Founder & CEO de Postedin.

Por su parte, conversamos también con Andrés Jara, CEO de Alster Legal, quien ha participado en múltiples iniciativas de preparación de emprendedores para rondas de financiamiento, ha sido abogado de fondos de inversión de capital de riesgo y de incubadoras y aceleradoras, y miembro del Comité Editorial de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI), institución que estandarizó una serie de documentos legales en apoyo de emprendimientos, startups y fondos de inversión.

Mirando el proceso desde el punto de vista del emprendedor, indicó que el abogado agrega valor en un proceso de pre y post financiamiento, cumpliendo un rol facilitador y promoviendo la generación y consecución de la oportunidad de negocio haciendo ver los riesgos potenciales en las decisiones que puedan tener impacto en la sostenibilidad del emprendimiento. Por ello, señala que esperaría que un abogado con experiencia en startups prestara apoyo en el proceso de financiamiento, con orientación respecto de estándares de mercado y soporte en la toma de decisión respecto de solicitudes de inversionistas, incluso, vinculando y abriendo puertas al emprendedor con potenciales inversionistas.

Tras concretarse la inversión, agrega que buscaría en un abogado el apoyo en la relación con el inversionista y su orientación en la adecuada conducción de esa relación, de forma de cumplir con los acuerdos no solo escritos, sino también con el espíritu de aquellos aspectos que fueron acordados o conversados durante el proceso de negociación.

¿Y tratándose del otro lado, es decir, en cuanto a un fondo de inversión o inversionistas en un proceso de pre y post financiamiento, cuál sería el rol del abogado? En el caso de estar asesorando al inversionista, la chaqueta se invierte, pero no pierde la naturaleza ya descrita. En efecto, como abogado del inversionista hay que velar por una adecuada protección de sus derechos y el capital invertido, pero ello sin dejar de mirar el negocio futuro y la sostenibilidad del emprendimiento, al final, eso también interesa al inversionista.

Por esto que, si bien el interés del inversionista puede involucrar la incorporación de cláusulas de protección, el abogado debe ser suficientemente proactivo para plantear con transparencia si es que esas cláusulas o preferencias van a afectar la relación con los fundadores o la posibilidad de adquirir una nueva inversión.

En este proceso de asesoría legal ¿Cuál es el beneficio de estandarizar documentos legales relacionados a financiamiento o documentos en general? La eficiencia productiva es esencial, sobre todo porque la velocidad de emprendimientos bootstraped hace que este tipo de inversiones se ejecuten con presión. Por ello, tener previamente estandarizados términos y buenas prácticas permite dar mayor celeridad a la inversión y contribuir al éxito del proceso.

A nivel global, por ejemplo, National Venture Capital Association utiliza modelos de una infinidad de documentos de inversión tales como, pactos de accionistas, set de documentos de inversión, termsheet, contratos de suscripción de acciones, SaFe (Simple Agreement for Future Equity), Kiss (Keep It Simple Securities).

Jimena Altuzarra | Coordinadora Comunicaciones Alster Legal

¿Aumento de trabajo en el departamento legal? Apliquemos tecnología.

En tiempos en que la carga de trabajo de los abogados aumenta, y la rapidez y la eficiencia agregan valor tanto para abogados como para clientes, la implementación de nuevas formas de realizar el trabajo en las gerencias legales se ha hecho indispensable.

Los datos arrojados por ACC Global Census, confirman lo señalado, por cuanto indican que el 49% de los abogados internos encuestados, ha respondido haber tenido una mayor carga de trabajo durante 2017, mientras que el 42% de ellos indica haber tenido igual demanda. A ello se suma un panorama regulatorio en permanente evolución, que según la misma encuesta, para el 70% de los abogados encuestados ha sido un factor estresante importante.

Nos encontramos con la necesidad de enfrentar una carga de trabajo en aumento, que además debemos realizar con la mayor rapidez posible para cumplir con las expectativas de un cliente cada vez más exigente, sin aumentar mayormente el presupuesto del departamento legal. ¿Cómo nos enfrentamos a esta nueva contingencia?

Una alternativa sería la contratación de una mayor cantidad de abogados para el departamento legal, sin embargo, de acuerdo a Altman Weils 2017 Chief Legal Officer Survey, encuesta realizada para el año calendario 2018, la mayoría de los encuestados planeaba mantener el número de abogados en su equipo. Así, el 51,6% de los gerentes legales mantendría su planta de abogados internos y solo el 10% de ellos pensaba disminuirlos. Lo mismo ocurre respecto de asistentes legales y personal de apoyo, 67,4% los encuestados pretendía mantener el número de los primeros y 76,5% continuar con igual cantidad respecto de los segundos.

Otra opción sería aumentar el gasto en abogados externos, alternativa que según la referida encuesta tampoco es muy popular, 28% planeó mantener su gasto y 32,5% disminuirlo.

Entonces, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia y eficacia de los departamentos legales sin aumentar la cantidad de abogados internos o externos? La respuesta es avanzar con los nuevos tiempos e implementar tecnología legal.

La tecnología puede acelerar la velocidad de entrega y reducir los costos de un departamento legal a través de muchas aplicaciones que permiten por ejemplo, filtro, revisión y síntesis de datos, herramientas de investigación, preparación y negociación de contratos, Inteligencia Artificial y blockchain entre otras.

El universo de empresas tecnológicas que prestan servicios a la industria legal ha crecido enormemente, algunos ejemplos a nivel global son Techindex de Stanford Law School que actualmente registra 906 compañías de tecnología legal, AI Patents, que automatiza el análisis de patentes, y Zipcourt, un tribunal en línea.

En Chile existen también una serie de sistemas y plataformas legales que permiten reducir el tiempo invertido en gestiones que pueden ser automatizadas permitiendo al abogado realizar solo aquellas en que se agrega valor.

Ahora bien, si se toma la decisión de implementar tecnología legal, es necesario partir por un análisis de las dificultades y necesidades del departamento legal de modo de definir los procesos y sistemas en los que la tecnología puede agilizar la entrega y aumentar la precisión; realizar una evaluación de la carga de trabajo y las capacidades del departamento, garantizando que ésta cumpla con la estrategia de su organización; realizar un presupuesto para implementar las iniciativas tecnológicas y la implementación de requisitos de seguridad de datos, y una de las cosas más importantes, involucrar al usuario final en el proceso, de modo que la tecnología seleccionada responda realmente a sus necesidades.

Aprovechar el potencial de la tecnología requerirá un cambio cultural por parte de la industria legal que viene de la mano de mayor eficiencia y rapidez al enfrentar los desafíos.

   

Jimena Altuzarra, Coordinadora de Comunicaciones, Alster Legal

   

Inteligencia Artificial y Machine Learning

Desde hace ya un tiempo venimos escuchando y hablando sobre el impacto de la inteligencia artificial en la industria de servicios legales y el eventual reemplazo de muchas de aquellas funciones que desarrollan abogados. De este modo, ya es globalmente aceptado que la tecnología aplicada a nuestro servicio puede hacer más eficiente y rápido el trabajo legal, lo que permite además reducir costos. Con todo, debemos ser conscientes que la realidad muchas veces nos confunde. A la hora de decidir qué herramientas tecnológicas podemos utilizar, debemos saber de qué estamos hablando y entender cuál va a ser el real aporte de la tecnología elegida. Ahora bien, las herramientas disponibles actualmente para el mercado legal ¿constituyen realmente soluciones de inteligencia artificial aplicada?

En términos generales, gran parte de las herramientas sofisticadas que hoy se desarrollan en el mercado global están asociadas a lo que se conoce como aplicaciones de machine learning en donde lo que prima es la capacidad de la máquina de aprender de forma sistematizada, automatizada y a gran velocidad procesos recurrentes, patrones y otros elementos que pueden ser extraídos también de forma directa de documentación. Más, lo anterior es posible gracias al gran avance que han tenido las tecnologías TAR – Technology Assisted Review – que permiten hoy leer documentación en lenguaje natural, extraer información de la misma, clasificarla y disponerla en documentos o espacios de información pre-asignados. Lo anterior, no es en sentido estricto inteligencia artificial, toda vez que la máquina en estos procesos no induce ni emite opiniones, no toma decisiones individuales asociadas a criterios predictivos o algoritmos definidos para interpretar lo que lee, sino más bien extrae y clasifica información sobre criterios predefinidos y dados por personas que enseñan a la máquina a ser efectiva en encontrar lo que se le indica.

Los avances de la técnica permiten que por medio de aplicaciones de inteligencia artificial se logre realmente tomar decisiones automatizadas, responder a preguntas o necesidades en lengua natural vs. código, y también desarrollar actividades interpretativas sobre la base de análisis predictivo basado en información estadística. Así, proyectos como https://premonition.ai, en donde el uso de data analytics e interpretación de datos permite encontrar los mejores argumentos para una causa judicial, o el original y ya más antiguo Donotpay, un bot que buscaba ayudar a usuarios finales en resolver y argumentar en contra de multas de tránsito. En línea similar va Law 2 Action, un proyecto de la empresa SAP que busca entregar apoyo a empresas en la actualización respecto de cambios regulatorios que enfrenta la industria en la que las empresas se insertan. Wevorce, es otra interesante aplicación en donde herramientas de real inteligencia artificial contribuyen a que las partes de un divorcio logren llegar a acuerdo en función de sus argumentos, preferencias y expectativas.

De tal forma, debemos siempre entender que en el mundo de los servicios legales, machine learning es someramente distinto a inteligencia artificial y si bien tienen relación, no son lo mismo. En este sentido y teniendo en cuenta la rápida evolución tecnológica, esperamos contar cada vez con mayor acceso a ambas tecnologías y animamos a los distintos actores del mercado legal chileno a que valoren su relevancia, la utilicen a su servicio y exploren en la búsqueda de soluciones, tal como vienen haciendo los grandes despachos del mundo desde hace años. No debemos quedarnos atrás.

Andrés Jara, CEO Alster Legal