¿Cómo ha cambiado el mercado legal en los últimos años?

A fines de 2017 contábamos con alrededor de 45.000 abogados en Chile, repartidos entre departamentos legales de empresas, estudios jurídicos, departamentos legales gubernamentales, docencia y trabajadores freelance, entre otros; número que va en aumento.

En cuanto a los Estudios de Abogados, según el libro Big Law: Estudios de Abogados en Chile (Íñigo De la Maza G., Rafael Mery Nieto, Juan Enrique Vargas V.; Thomson Reuters Chile, 2016), al 2013 había en Chile 76 oficinas de abogados, cuya tipología varía entre oficinas grandes, medianas, pequeñas y boutique, generalmente especializadas.

En los últimos años se han producido cambios en el sistema, recomponiendose la oferta. Ello se ha debido a distintos factores entre los cuales creemos se encuentran, la salida de socios de estudios jurídicos grandes para crear estudios especializados, acelerándose el establecimiento de los estudios boutique; el arribo de grandes estudios de abogados internacionales, como por ejemplo el caso de tres firmas globales importantes, CMS, Dentons y DLA Piper, que se unieron a oficinas locales; la mayor inserción de grandes auditoras en el desarrollo de la prestación de servicios legales; y el nacimiento de múltiples emprendimientos y proyectos vinculados con Legaltech.

Al mismo tiempo y a consecuencia de lo anterior, el entorno se ha vuelto más competitivo, lo que ha obligado a muchos estudios jurídicos tradicionales a modificar sus modelos de servicio, asociarse, o fusionarse para dar sostenibilidad a su negocio en concordancia con la búsqueda de valor y eficiencia requerida por los clientes.

Algunas de las tendencias que han marcado el cambio del mercado legal global, han sido la incorporación de Legaltech, tal como señalamos con anterioridad, incluyendo tecnología en departamentos legales de empresas, entidades gubernamentales y estudios jurídicos; así como la irrupción de prestadores de servicios legales alternativos que enfocan su propuesta de valor en dotar de talentos y equipos transitorios a las empresas; y la apertura de espacios para el trabajo remoto.

Otros casos de soluciones, son las que se refieren a externalizaciones en la negociación, redacción, administración, clasificación y análisis de documentación, y la externalización de requerimientos de compra, contratos y otros asimilables.

Es así como el mercado legal en Chile está cambiando y cambiará aún más, estemos atentos, y apliquemos todas aquellas herramientas que nos van a permitir ahorrar recursos y hacer nuestro trabajo más eficiente y eficaz.

Jimena Altuzarra, Coordinadora de Comunicaciones en Alster Legal

Estado del uso de tecnología en firmas y gerencias legales en Chile

El sector legal en nuestro país está cada día más consciente de que las herramientas tecnológicas ayudan en la gestión de las firmas y gerencias legales. Es así como ya están invirtiendo en tecnología, no obstante, aún existe algún grado de reticencia en el mercado legal a incorporarla, por el temor a que ésta termine reemplazando el trabajo de los abogados y, por lo tanto, disminuyendo sus ingresos.

Según la encuesta de Tecnología y Administración de Gerencias Legales 2017 realizada por Alster Legal, el 70% de los encuestados reconoció tener entre sus planes de corto plazo invertir en tecnología, cifra que en la medición anterior apenas alcanzaba el 35%, lo que resulta alentador, y demuestra que vamos por buen camino.

No obstante lo anterior, en el mercado legal chileno todavía se registra un bajo nivel de penetración tecnológica y la tecnología que ya se está implementando se refiere básicamente a herramientas para administración de procesos de facturación para el caso de estudios jurídicos; la administración documental en general; y la investigación jurisprudencial.

Por otra parte, se están utilizando también herramientas de generación y gestión de contratos, lo que demuestra la importancia que tiene en el sector legal la eficiencia en gestión, al igual que la mejora operacional.

Resulta interesante destacar que según la Encuesta Legaltech 2016, realizada en conjunto por Thompson Reuters y Alster Legal, el 40% de los encuestados manifestó que las tecnologías hoy utilizadas corresponden a tecnologías de proveedores locales, versus un 6% que indicó tener proveedores extranjeros, lo que denota una baja penetración de mercado, respecto de herramientas que hoy tienen gran éxito a nivel internacional.

En cuanto a las herramientas relacionadas con la prestación de servicios jurídicos, en los últimos años han surgido en Chile múltiples emprendimientos y proyectos vinculados con el legaltech, implementando y ofreciendo al mercado legal mecanismos de gestión de contratación, asesoramiento legal online, sistemas de trabajo remoto, redacción, organización y administración documental, sistemas de conteo de horas trabajadas y cobro etc.

Entes privados y públicos se están viendo tentados por la incorporación de Legaltech, es así como el Poder Judicial implementó una plataforma de factura, firma y tramitación electrónica; actualmente se encuentra en proceso de preparación de plantillas de escritos; y a futuro pretende incorporar la posibilidad de realizar alegaciones a distancia a través de video conferencias. Este proceso de digitalización ha sido también implementado por otros Tribunales, como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Tribunal de Contratación Pública y la plataforma iCam, del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio.

Estudios de Abogados y empresas han hecho lo propio, contratando servicios tecnológicos externos para administración de procesos de facturación para el caso de estudios jurídicos; la administración documental en general; investigación jurisprudencial, y herramientas de generación y gestión de contratos, cuyos proveedores son mayoritariamente chilenos.

Creemos que la incorporación de legaltech va a contribuir a un acceso más equitativo a la justicia, y por lo que hemos podido observar últimamente, tanto los entes estatales como los privados, ya están dispuestos a experimentar en soluciones de este tipo.

Jimena Altuzarra, Coordinadora Comunicaciones en Alster Legal

MODERNIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS EN MATERIA DE AGUAS

Recientemente la Dirección General de Aguas (en adelante “DGA”) del Ministerio de Obras Públicas, en su Boletín N°2 de 2018, ha publicado “Las 7 Prioridades de la DGA-MOP para la Seguridad Hídrica”, de las cuales quisiera determe en la séptima, que dice relación con “reducir significativamente los tiempos de tramitación.”

El Código de Aguas vigente data de 1981, el ámbito de aplicación de sus normas son las denominadas “aguas continentales”, superficiales y subterráneas, las cuales son per se un tema muy sensible, dado el fuerte componente político que impregna su regulación. Lo anterior, ha hecho muy difícil todo tipo de modificaciones al actual Código, lo que ha atrasado de manera significativa su actualización, en especial, a los avances tecnológicos.

Originalmente, dicho cuerpo normativo estaba pensado para el riego mediante aguas superficiales, con posterioridad, se fue incorporando una mayor regulación de las aguas subterráneas, se introdujeron las patentes por no uso – luego de una eterna tramitación-, y el caudal ecológico, entre otras modificaciones. En esa lógica, tenemos un Código muy atrasado en lo que a avances tecnológicos se refiere; es cosas de mirar el procedimiento administrativo general en materia de aguas para darse cuenta de ello (artículos 130 al 139 del Código de Aguas).

La actual administración lo tiene muy claro y pretende introducir la digitalización en los procedimientos administrativos seguidos ante la DGA, lo que podría traducirse en un enorme beneficio para los privados y desarrolladores de proyectos, los que muchas veces ven mermadas sus ganas de “emprender” debido a la dificultosa permisología que existe en nuestro país, y en especial, ante el órgano garante del Recurso Hídrico. Estas tramitaciones, en muchos casos pueden llegar a durar años, sin garantías de que se vaya a aprobar una determinada autorización trascendental para el desarrollo de un proyecto.

Esa falta de certeza jurídica para los privados podría palearse entre otras cosas, con: a) la automatización y digitalización de procesos; b) una correcta aplicación del silencio administrativo negativo; y c) reemplazar ciertas autorizaciones previas por otras técnicas de intervención administrativa ex post.

Imaginemos, poder solicitar la constitución de un derecho de aprovechamiento de aguas o una autorización de intervención de cauce o una modificación de bocatoma, vía internet, a través de un sistema electrónico. La reducción de costos y tiempo sería enorme. En esa dirección se debe ir.

Por otra parte, los administrados tendrían una mayor seguridad jurídica, si por último se aplicara correctamente la institución del silencio negativo en las tramitaciones ante la DGA, entendiendo que se tienen como rechazadas y no teniendo que esperar un montón de años. Lo anterior, otorgaría una mayor certeza y reduciría el riego regulatorio en materia de aguas.

Sin perjuicio de lo anterior, en la práctica el “certificado” que declara que la solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal, no puede ser objeto de cauciones frente a los Bancos e Instituciones Financieras (en el caso del silencio administrativo positivo). Otro gran problema.

Finalmente, creo que debemos mirar la normativa de la Unión Europea, en especial la Directiva de Servicios (2006/123/CE), cuyos principios son crear un entorno regulatorio más favorable y transparente para el desarrollo de actividades a nivel comunitario, mediante la reducción de trabas y obstáculos para el acceso a actividades de servicios; simplificación de trámites y procedimientos; impulsión de un sistema unificado de tramitación electrónica; más el establecimiento de un refuerzo y protección de los derechos de consumidores y usuarios; y en la cual se opta por alternativas a los regímenes de autorización que no impliquen una intervención administrativa previa, entregando un rol protagónico a las comunicaciones previas y declaraciones responsables.

Por lo tanto, junto con la modernización de procesos, habría que estudiar la posibilidad de que ciertas “autorizaciones”, sean reemplazadas por alguna de las técnicas de intervención administrativa señaladas anteriormente, en aras de la libre iniciativa privada en el desarrollo de actividades económicas.

Pedro Pablo Campos, Advisor Grupo de Recursos Naturales, Energía y Medioambiente, Alster Legal

Algunas consideraciones regulatorias para la tipificación de los delitos medioambientales

El 13 de noviembre pasado, el Ejecutivo comprometió la firma de un Mensaje que aborde la tipificación de los delitos medioambientales. En la presente columna quisiera sugerir algunos criterios que debería adoptar la tipificación de delitos medioambientales, en su relación con la regulación administrativa de la materia.

Una primera cuestión es si la tipificación debe ser, independiente o no, de la regulación sectorial. Existen buenas razones para pensar que la regulación de delitos ambientales debe necesariamente utilizar los instrumentos que se emplean en la legislación administrativa (planes, normas de calidad, afectaciones, resolución de calificación ambiental, etc.), en lugar de tipificar conductas abstractas de relevancia ambiental. En efecto, las leyes sectoriales contienen una regulación sistemática de la materia, que abarca desde el inicio, al desarrollo y cierre de las actividades y proyectos con impacto ambiental. Separar los ámbitos penal y regulatorio puede originar descoordinación, con la consecuente falta de certeza (¿Quién establece las prohibiciones? ¿Qué es lo prohibido?). Esto significa que, en el caso ambiental, los tipos penales han de ser generales y convocar a las normas administrativas específicas para definir la conducta prohibida (lo penado es la infracción a una RCA o una norma de emisión, donde la prohibición específica se encuentra en ésta última). Lo anterior no es una infracción del principio de tipicidad penal, sino una consecuencia de la complejidad del sector. Incluso, es una forma de reducir la discrecionalidad del ente sancionador, cuya potestad estará limitada por la ley y, adicionalmente, por normas administrativas subordinadas.

En segundo lugar, esta interdependencia entre regímenes puede significar que exista tanto sanción administrativa como sanción penal por un mismo hecho. Para evitarlo, la ley tiene que establecer una cierta precedencia procesal (qué procedimiento se hará primero) y sustantiva (qué sanción “absorbe” a la otra). Una buena coordinación regulatoria apunta a que el procedimiento administrativo debiera tener preeminencia (primero se comprueba la infracción administrativa), aunque no necesariamente la sanción administrativa debe preferirse a la penal (¿Puede aplicarse la multa y también el comiso, o la privación de libertad?)

En tercer lugar, lo normal será que junto a las personas naturales también las personas jurídicas tengan que asumir responsabilidad penal (ante un derrame ¿quien responde, el trabajador a cargo de la válvula, o el directorio?). Eso será más patente en los casos en que la actividad sea más compleja, esto es, si sólo puede ser realizada por una empresa “experta” (transporte de hidrocarburos, tratamiento de aguas servidas). Por tanto, es inevitable que el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas se extienda también a los delitos medioambientales, aunque sobre esto las sanciones posibles son muy diversas: desde las simples inhabilidades a la disolución.

En cuarto lugar, el legislador tiene que decidir también si la acción penal la ejercerá únicamente el ente administrativo, o conjuntamente el Ministerio Público, o incluso únicamente éste. En cualquier caso, debe evitarse un resultado en que no existe coordinación entre ambos y en la práctica “compiten” por demostrar mayor eficacia ante la opinión pública (véanse algunas críticas acá y acá ). Por lo mismo, parece inadecuado que la acción sea ejercida por autoridades con incentivos electorales como los alcaldes.

Es aceptable, por último, que el expediente administrativo sirva para acreditar hechos en sede penal (declaraciones, documentos, peritajes científicos). No se vislumbra que ayude al sistema una duplicación de esfuerzos probatorios. Si los hechos constan en sede administrativa, no parece adecuado forzar a que sean ignorados en sede penal, salvo el caso de la prueba ilícita. Lo importante es que el inculpado pueda ejercer plenas defensas y desvirtuar esa prueba ex novo en sede penal.

En conclusión, la organización óptima de un sistema de represión penal de los atentados al medioambiente no es obvia. Depende, en cambio, del sistema de control administrativo que ya existe y con el cual deberá convivir. Debe evitarse una relación descoordinada entre ambos para no provocar incentivos perversos en el regulador y en el regulado.

William García Machmar, Advisor en Alster Legal

Millennials y su Impacto en la Industria Legal

Parece ser una constante lucha entre lo tradicional y lo nuevo, unidos sólo por la tecnología. Sin embargo, delimitar a la generación de abogados millennial como imanes de la tecnología es no ser consciente de lo que esta generación representa y más importante, de los cambios que ésta importa en el mundo legal.

En el pasado Legaltech Summit llevado a cabo el día 22 de noviembre, varios expositores identificaron que los abogados y clientes millennial producen un impacto relevante en la industria legal, y es que por un lado el abogado millennial acarrea una necesidad imperante de cambio en las técnicas para la retención de talento dentro de los estudios legales, y por el otro, el cliente millennial trae consigo la necesidad urgente de cambiar el modelo de negocio legal tradicional.

En el último panel, Antonio Leal, Director de Adam Smith (NY) y Jorge Muñiz, socio fundador del estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera (PE) plantearon puntualmente, que los cambios dentro de los estudios jurídicos, no sólo deben enfocarse en la implementación de la última tecnología, sino, que el éxito recae en aquellas organizaciones que son capaces de evolucionar en el tiempo, volviéndose más modernas y más inteligentes; en aquellas organizaciones flexibles y que miran con buenos ojos a la diversidad en su capital humano.

Los abogados millennial están siendo cada vez más exigentes respecto a la selección del lugar donde quieren trabajar y respecto a qué es lo que esperan por parte de sus empleadores. El abogado millennial busca y exige mejores horarios de trabajo, que le permita trabajar para vivir y no vivir para trabajar, busca reconocimiento cuando ha hecho bien su trabajo, igualdad de género, organizaciones novedosas y formas de trabajo inclusivas y eficientes en tecnología, solo por mencionar algunos ejemplos.

El joven profesional no solo ocupa la tecnología como un medio de comunicación, si no que mayoritariamente la utiliza para la automatización de procesos y para hacer de su trabajo uno más eficiente y eficaz. Como expuso Jorge Villalón, Director de Transformación Digital de la UAI en el panel de inteligencia artificial, “el abogado del futuro no sólo sabe manejar las máquinas, sino que sabe ser eficiente con ellas.”

Andrés Arellano, CEO de Lemontech, dijo además que las horas profesionales gastadas en trabajos administrativos son altas y bien podrían reducirse con la incorporación de nuevos procesos y formas de trabajo en orden a evitar el trabajo repetitivo y poco cognitivo. En este sentido, el abogado del futuro sabe cómo podría optimizar su tiempo y el de sus pares, sólo que quienes están arriba en la cadena del mando no le preguntan cómo lo puede hacer, al menos no en empresas que funcionan de forma vertical.

Estos estudios jurídicos o empresas bajo el clásico modelo tradicional vertical (referido como Big Law por autores como Marc Galanter, Thomas M Palay y George Beaton) creen que la participación de un abogado joven para optimizar la implementación de procesos es “innecesaria” debido a que, en su experiencia, el socio o abogado senior lleva 20 años haciendo esto y siempre le ha funcionado, por ende, no hay necesidad de cambiarlo ahora. Ante esto, al abogado millennial no le queda otra opción que levantar sus cejas en sorpresa, ya que inmediatamente se le ha cerrado su puerta de participación.

Los millennial y seguidamente la generación Z quieren ser parte de los procesos, quieren trabajar, quieren proponer, ejecutar y crear. A fin de cuentas, el proceso de adaptación generacional ha llegado para quedarse y no sólo se refiere a incorporar tecnología en su empresa, sino que también requiere escuchar e incorporar a estas nuevas generaciones, o dicho de otro modo en lenguaje tecnológico: descargar e instalar la última actualización efectuada por Millennials.

Camila Reyes, Advisor en Alster Legal

LegalTech Summit 2018, un espacio para conversar sobre el mercado legal chileno y latinoamericano.

Alster Legal estuvo presente en el Legaltech Summit Santiago 2018, actividad que celebramos por constituir y construir un espacio de conversación sobre los desafíos, tendencias y oportunidades del mercado legal. A continuación, les dejamos nuestras principales conclusiones:

En relación a las tendencias de la industria Legal:

El panorama actual en el sector legal local y regional tiene el desafío de reinventarse considerando el alto volumen de estudios jurídicos, abogados, estudiantes de derecho y el ingreso firmas extranjeras.

Al mismo tiempo, los clientes son más exigentes y son en sí mismos “la competencia”, porque están bien informados y abiertos a la posibilidad de cambiar de abogado si se les ofrece un mejor servicio. A ello se suma la relevancia del rol de las gerencias legales o abogados in house, que también experimentan cambios y exigencias desde sus organizaciones, lo que genera cambios en sus comportamientos de compra.

Los clientes exigen más por menos, esto es calidad a un menor costo, de este modo, se ve que hacerse cargo de esta exigencia sólo es posible a través de eficiencia operacional y tecnología.

Hoy más que nunca los prestadores de servicios legales están llamados a mirar el mercado legal en forma estratégica, tomar decisiones de modelos de negocios innovadores y rentables y poner al centro tanto al consumidor como a sus colaboradores.

Respecto del Management:

“La data es el nuevo petróleo”. Es necesario que las organizaciones y firmas inviertan en tecnología para generar datos que apoyen la toma de decisiones.

Es conocido que lo que no se puede medir no se puede mejorar, por lo que el mercado legal está llamado a implementar procesos que permitan generar indicadores o KPIs. Específicamente para las firmas es recomendable utilizar ratios de “leverage”= número de socios/número de no socios, que generan información para mejorar la utilización de recursos y por tanto aumento de la última línea.

Inteligencia artificial:

Resulta esencial desmitificar el concepto y alcance de la Inteligencia Artificial = ser inteligente artificialmente = entrenar a la máquina a tener comportamiento humano.

El abogado del futuro es aquel que busca constantemente aumentar su productividad y ha desarrollado su coeficiente intelectual digital, ambas competencias le permitirán entender y hacer solicitudes a las máquinas y así procesar en menor tiempo cientos o miles de documentos. Quienes no se suban a esta ola, estarán en total desventaja en el mercado.

Las máquinas necesariamente deben ser programadas. Ante toma de decisiones éticas o morales responden a programaciones de seres humanos, por lo que el reemplazo de las personas aun se ve lejano. Los avances son lentos (aunque exponenciales) y requieren de inversiones millonarias.

Otra ventaja de la IA es su “capacidad de aprendizaje”, no se cansa, es tolerante, paciente y no se frustra ante solicitudes, por este lado pasa la amenaza al reemplazo de las personas, sobre todo mirando el comportamiento de la fuerza laboral “millenial”.

Respecto de los servicios legales:

Se realizó un panel de conversación entre gerencias legales y estudios jurídicos, el cual buscó recoger la visión de ambas partes respecto a la adopción de la tecnología.

En nuestra opinión, aún cuando ambas partes están de acuerdo en que es indispensable la incorporación de tecnología, no hay alineamiento respecto a las expectativas o caminos para construir un mercado legal de vanguardia. Aún las partes mantienen sus posiciones y a pesar de que hay diálogo se evidencia carencia de acuerdos o real empatía respecto a los objetivos de cada uno, más allá de la rentabilidad y sustentabilidad de los estudios jurídicos.

Retención de talentos:

Finalmente, en cuanto a retención de talento y a los mitos y verdades sobre los Millenials, mucho se ha hablado sobre ellos y su forma de ser y trabajar. Sin embargo, se concluyó que el problema no serían los Millenials, sino de alinear expectativas entre ellos y los estudios jurídicos.

Desde Alster Legal, creemos que en el mercado legal es necesario avanzar hacia iniciativas concretas y generar más espacios constructivos como el LegalTech Summit 2018, considerando a la tecnología no como un fin, sino como un medio para el logro de objetivos de los actores del ecosistema legal de Latinoamérica y responder a las demandas y tendencias futuras.

Jimena Altuzarra y Montserrat Mazó | Alster Legal

Aplicación de herramientas tecnológicas simples en Gerencias Legales

 

Este martes 13 de Noviembre se llevó a cabo la última sesión del Legal Forum, espacio que busca generar conversaciones respecto a los desafíos de gestión de los departamentos legales. En esta oportunidad se abordó el caso práctico de digitalización de áreas legales, en colaboración con Microsoft Chile.

La exposición estuvo a cargo de Sebastián Palacios y Pablo Elgueta, ambos miembros del Corporate External and Legal Affairs (CELA) de Microsoft Chile, quienes transmitieron su experiencia en procesos de transformación digital.

Sebastián Palacios dio inicio a la exposición señalando que las gerencias legales no han quedado fuera de la cuarta revolución industrial que ha irrumpido en todas las industrias, y que va más allá de la firma electrónica, exigiendo también automatizar los procesos de contratación y hacerlos más fluidos.

Señaló, que teniendo en cuenta que a una gerencia legal se le exige hacer más con menos y en el menor tiempo posible, la adopción de nuevas tecnologías basadas en el machine learning e inteligencia artificial, permiten optimizar recursos, internalizando mucho trabajo que antes se derivaba a abogados externos, cuidando los presupuestos de manera más eficiente e inclusive permitiendo atender requerimientos sin intervención de abogados.

Agregó que, asimismo, facilita el trabajo colaborativo, remoto y multigeneracional, utilizando herramientas en que todos los miembros de un equipo, incluyendo a clientes internos, pueden aportar e intercambiar ideas, modificar documentos y comunicarse entre sí, liberando recursos para asuntos de mayor especialización o que requieran de una asesoría legal estratégica.

Concluyó, que es indispensable dominar lo digital, tener una forma directa de comunicarnos con nuestros clientes internos y con nuestro equipo, y herramientas que nos permitan manejar riesgos legales y de seguridad porque manejamos la información más confidencial de una empresa.

Por su parte, Pablo Elgueta hizo una demostración de las herramientas tecnológicas utilizadas por la gerencia legal de Microsoft. Así pudimos conocer:

  • Share Point: para generación de sitios del tipo intranet, que permiten trabajar colaborativamente entre áreas incluso en distintas partes del mundo. Facilita la disponibilización de materiales tipo templates, consultas recurrentes, compartir material de capacitación, e inducción y otros. También es útil para generación de contratos y como herramienta self service.
  • OneNote: Cuaderno digital, que se utiliza para crear un repositorio con la información ordenada por pestañas. Se utiliza para compartir estructuras de documentos, cláusulas tipo, información relevante, etc.
  • Forms + Power Bi: Se pueden generar formularios para proveedores externos y hacer resúmenes mediante Power Bi, para tener información para la toma de decisiones o control presupuestario.
  • Flow: plataforma que se conecta con todo el ecosistema interno y con empresas externas como Google, Slack o Twitter. Crea flujos de trabajo automatizados entre aplicaciones como Slack, Twitter o Gmail para obtener notificaciones, sincronizar archivos y recopilar datos.
  • Teams, herramienta de colaboración y comunicación, funciona como Skype y Slack en conjunto.
  • Chatbot: Responde preguntas legales. Para atender a requerimientos legales de consultas más recurrentes de clientes internos.

Todas estas herramientas están disponibles con Office 365, que en general ya se tiene contratado como empresa, por lo que la incorporación o uso es de muy fácil acceso e implementación, incluso para usuarios que no lo han utilizado antes. Inclusive muchas de las aplicaciones citadas anteriormente fueron generadas por los abogados miembros de CELA.

Finalmente, Andrés Jara, CEO de Alster Legal, cerró la sesión concluyendo que la tecnología se ha ido tomando el mundo legal. Señaló que podemos encontrar herramientas tecnológicas que nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo, las que reemplazan las funciones que estamos acostumbrados a hacer, y finalmente, otras que cumplen ambas funciones, entregándonos información que nos permite tomar mejores decisiones y que a la vez, a través de machine learning, reemplazan algunas actividades más rutinarias de los abogados.

Jimena Altuzarra, Coordinadora de Comunicaciones, Alster Legal.

Fintech y su futura regulación en Chile

Con el anuncio de que el Ministerio de Hacienda y el Consejo de Estabilidad Financiera, comenzarán a trabajar en propuestas orientadas a regular el mercado Fintech en Chile, dicho término empezó a sonar cada vez más fuerte.

Pero ¿qué se entiende por Fintech?

Fintech es cualquier innovación en el sector financiero producida por la tecnología que tiene como resultado nuevos modelos de negocio, nuevas aplicaciones, procesos o productos que producen un efecto material asociado en los mercados e instituciones y en la provisión de servicios financieros.

La tendencia a la regulación del Fintech es global, siendo los países más avanzados en ello, el Reino Unido, Estados Unidos y Singapur.

Hace pocos meses Chile adhirió al Documento “Principios orientadores para la regulación Fintech en la Alianza del Pacífico” en la XVII Reunión de Ministros de Finanzas de los países de la Alianza del Pacífico, realizada a principios de julio de 2018 en Bogotá, Colombia.

En éste se establecen principios comunes que orienten las políticas regulatorias de cada país, y que propendan al fomento de la innovación en la prestación de servicios financieros, la preservación de la integridad y estabilidad financiera, la protección del consumidor, la promoción de la competencia, y la mayor inclusión y profundización financiera.

Asimismo, el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) adelantó que la futura regulación del Fintech en Chile se basaría en tres principios:

–    Neutralidad tecnológica, es decir, que existan reglas equivalentes para empresas tradicionales y tecnológicas.

–    Proporcionalidad, que existan exigencias proporcionales a los riesgos involucrados.

–    Regular según la función que cumple la entidad en el sistema financiero.

Considerando este escenario, el interés del Gobierno en regular el Fintech es evidente y la meta debiera ser establecer un marco regulatorio global y amplio que abarque a todas las herramientas tecnológicas aplicables en el mercado financiero y lo suficientemente innovador para que perdure en el mediano plazo, esto teniendo en cuenta la rapidez con que avanza el desarrollo de la tecnología en el mundo.

Pero el desafío podría ser mayor, lograr que, a través de estas nuevas regulaciones financiero-tecnológicas, Chile se convierta no solo en líder de la región, sino que sea capaz de generar una plataforma para entregar servicios financieros desde Chile al resto del mundo.

De este modo, se está abriendo en nuestro país una excelente oportunidad de transformarse en líder en una industria que ha ido creciendo alrededor del mundo.

Jimena Altuzarra, Coordinadora de Comunicaciones en Alster Legal.

 

Legal Geek Conference 2018, últimas tendencias en Legaltech e Innovación Legal.

El 17 de octubre se realizó en Shoreditch, Londres, la Legal Geek Conference 2018, en la que Andrés Jara, CEO de Alster Legal, participó con la finalidad de conocer las últimas tendencias mundiales en legaltech e innovación legal.

Legal Geek es una comunidad de startups de tecnología legal, fundada en 2015 con el objeto de cambiar a la industria legal mediante la conexión, el intercambio y la inspiración.

En los últimos años, ha organizado varias conferencias enfocadas en tecnología legal, con un espíritu que se guía por reglas como; “ven a aprender y a enseñar”; “ven a hacer amigos, no a vender”; “vístete cómodamente” (¡por favor, por favor, sin corbatas!); “cuida a tus colegas del derecho, es posible que necesites su ayuda algún día”; y “ésta es tu comunidad, por favor colabora y ayuda, serás recompensado”.

Además, Legal Geek viaja por todo el mundo en busca de empresas legales novedosas y proporciona recursos para ayudar a las que están partiendo para crecer y prosperar.

Este año la Conferencia Legal Geek contó con la participación de 2.000 asistentes de más de 40 países. Incluyó espacios como Start-Up Village donde expusieron más de 40 startups y patrocinadores, sesiones de speed networking, zonas de descanso, 4 law rocks y 140 ponentes de 10 países.

En las diversas conferencias se abordaron temas relacionados a tecnología legal; cómo y por qué comprar legaltech; las promesas de la inteligencia artificial y la realidad de su aplicación. Se hizo especial hincapié en primero encontrar y entender el problema que se necesita resolver y en aprovechar la tecnología legal actual antes de dar el salto a herramientas de inteligencia artificial.

Otro insight destacado tiene que ver con “over hype legal tech” o sobre exageración respecto a las tendencias y expectativas derivadas de los avances tecnológicos, y en contraposición se hizo un llamado a resolver los problemas de forma incremental.

Una de las conferencias que destacó por su originalidad en el evento, fue la de George Biggar, referente al cuidado de la salud mental. George Biggar de Taylor Wessing, es uno de los cuatro remeros que rompió el récord mundial el año pasado al cruzar el Atlántico en 29 días, 14 horas y 34 minutos. Biggar realizó una charla motivacional para abogados, donde destacó el soporte y la comunicación.

“Legal Geek es uno de los pocos espacios colaborativos y abiertos que existen en el mundo del legaltech global y se desarrolla en uno de los mercados más sofisticados del globo, por ello, la oportunidad de participar en este evento nos entregó una posición bastante única para conocer de primera fuente los avances en esta área y las tendencias globales en innovación legal”, nos comenta Andrés, agregando que, “Asimismo, la posibilidad de sostener reuniones bilaterales durante toda la semana con los principales referentes globales en materia de disrupción de la industria de servicios legales contribuye a que podamos incorporar las mejores prácticas y experiencias en el desarrollo de Alster Legal”.

 Jimena Altuzarra, Coordinadora de Comunicaciones Alster legal

Bonos Verdes: Nueva forma de financiar proyectos sustentables

En abril de este año la Bolsa de Comercio de Santiago lanzó los “Bonos Verdes y Sociales”, iniciativa que permite el financiamiento de proyectos que tengan impactos positivos ambientales, sociales, o ambos. Se abrió así en nuestro país una nueva forma que posibilita el levantamiento de capital para proyectos con impactos ambientales medibles.

El mecanismo opera tanto para financiar como re-financiar, parte o todo de un nuevo o existente proyecto, y se adoptan, por parte de la Bolsa de Comercio de Santiago, los principios de “Green Bond Principles” GBP). Los GBP son cuatro principios que están enfocados en asegurar la transparencia del proceso de generación del Bono, de la información relativa al proyecto, y en especial al buen uso de los fondos levantados, antecedentes que son verificados por un tercero auditor.

El primer componente de los GBP es el “uso de los recursos”, los que deben ser utilizados en proyectos verdes, o ambientalmente sustentables. En este aspecto se reconoce que tienen estas características aquellos proyectos que colaboren con los objetivos de sostenibilidad, tales como contribuir a la mitigación de cambio climático, a la conservación de recursos naturales, o de biodiversidad, prevención y control de la contaminación. En cuanto a la tipología específica de proyectos que pueden acceder a este tipo de bonos, dependerá de cómo se estructure y demuestre el impacto ambiental positivo de cada proyecto.

No obstante, en el documento de lineamientos del GBP se entrega, a modo de ejemplo, un listado de tipologías de proyectos indicando que son los más frecuentemente utilizados, y entre ellos se destacan: energías renovables, eficiencia energética, prevención y control de contaminación, manejo sostenible del territorio (agricultura, forestal, acuicultura), conservación de biodiversidad, manejo sostenible de las aguas (potable y servidas), y ecoetiquetado.

El segundo principio que se debe considerar es el de “proceso de selección y evaluación del proyecto”, que se basa en altos estándares de transparencia que se exigen al emisor del bono, en relación especialmente con los inversores, mientras que el tercer principio, se refiere a la “gestión de los fondos” y recomienda que éstos sean operados desde una cuenta que permita un fácil seguimiento y transparente rendición de cuentas.

Finalmente, el principio del “reporte”, de conformidad al cual el emisor del bono debe realizar y mantener actualizada y disponible la información relativa a la colocación de los fondos captados para el proyecto, etapa por etapa.

Con la presente iniciativa de la Bolsa de Comercio de Santiago se ha abierto una nueva posibilidad de financiamiento para los proyectos sostenibles (que cotizan en la Bolsa) pero por sobre todo, se demuestra y confirma que es rentable y financieramente atractivo generar iniciativas con impactos ambientales y sociales positivos.

Rosario Vial, Advisor en Alster Legal